Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador de la República, anunció el 10 de agosto de 2026 que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le impide referirse a Morena como “narcopartido”.
El priista solicitó que se revise la actuación de los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes responsabilizó de una presunta afectación a su libertad de expresión.
La controversia se originó después de que el INE ordenara retirar publicaciones y prohibiera el uso de expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura” y “cártel de Morena” en mensajes relacionados con el partido oficialista.
Moreno señaló que busca respaldar su denuncia en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a ese país cuando se acreditan actos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
El presidente del PRI también anunció que analiza llevar el caso ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el PRI vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo.
El dirigente priista calificó al INE como una institución “sometida” y sostuvo que sus decisiones afectan directamente a la oposición. Estas afirmaciones forman parte de su postura política frente a la resolución electoral y no constituyen una determinación judicial sobre la actuación de los consejeros señalados.
La medida cautelar del INE fue emitida el 29 de julio de 2026, luego de una queja relacionada con mensajes del PRI y de Moreno en los que se asociaba a Morena con expresiones vinculadas al narcotráfico. El conflicto mantiene abierta la discusión sobre los límites de la crítica política, la libertad de expresión y la propaganda partidista.