La Fiscalía española modificó su criterio y avaló que la Audiencia Nacional pueda investigar una querella presentada contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y malos tratos a dos exempleadas. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, en propiedades del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana, y un juez deberá decidir si abre formalmente las pesquisas.
El Ministerio Público remitió al juez competente un informe favorable sobre la jurisdicción de los tribunales españoles para estudiar el caso. La decisión representa un cambio respecto a una denuncia presentada a principios de 2026, que había sido archivada al considerar que los hechos ocurrieron fuera de España y que no existían vínculos suficientes con ese país.
La nueva querella y los hechos denunciados
Las dos mujeres presentaron una nueva querella en septiembre. Según sus testimonios, trabajaban en residencias de Iglesias cuando presuntamente sufrieron agresiones sexuales, acoso, malos tratos y condiciones laborales abusivas durante 2021.
Entre las conductas que atribuyen al cantante se encuentran el control de sus teléfonos celulares, restricciones para salir de las viviendas y jornadas laborales de hasta 16 horas sin días de descanso ni contrato. Estas acusaciones forman parte de la querella y deberán ser analizadas por las autoridades judiciales.
La postura de Julio Iglesias
Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones y las calificó como absolutamente falsas. El cantante también negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer.
La representación legal de las exempleadas sostiene que los tribunales españoles pueden intervenir debido a los vínculos del caso con España y a la legislación que permite investigar determinados delitos cometidos en el extranjero. Sin embargo, la competencia judicial todavía deberá ser valorada por el juez antes de determinar si procede iniciar una investigación.
El pronunciamiento de la Fiscalía no implica una condena ni establece la responsabilidad del artista. El siguiente paso será la resolución judicial sobre la apertura de las pesquisas y el alcance de cualquier eventual procedimiento.