La presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), Irene Levy, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias contienen disposiciones que podrían vulnerar la libertad de expresión y presentar problemas de constitucionalidad.
En entrevista, la especialista señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) asumiría facultades que, desde su perspectiva, no están previstas de manera expresa en la Constitución ni en la legislación vigente. El proyecto se encuentra en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Cuestiona intervención de la autoridad
Levy consideró preocupante que la CRT, al formar parte del gobierno federal y no contar con autonomía constitucional, pueda convertirse en la instancia final para resolver quejas, evaluar el cumplimiento de los lineamientos y determinar la aplicación de sanciones a los medios.
La especialista sostuvo que algunas disposiciones incorporan conceptos subjetivos que amplían las obligaciones establecidas en la ley. Como ejemplo, mencionó que la legislación exige que la información sea veraz, mientras que el proyecto añade que no debe estar descontextualizada, una condición que, dijo, podría generar interpretaciones discrecionales.
También cuestionó el artículo 53, que permitiría a la comisión realizar monitoreos, requerimientos u otras actuaciones para verificar el cumplimiento de los derechos de las audiencias. A juicio de Levy, esa redacción otorga a la autoridad un margen de actuación demasiado amplio.
Preocupan multas y decisiones sobre defensorías
Irene Levy advirtió que el proyecto contempla multas de hasta 1% de los ingresos brutos de los medios que incumplan con las disposiciones. La presidenta de Observatel sostuvo que esa sanción no tendría sustento legal suficiente y podría ser inconstitucional.
Asimismo, señaló que la CRT podría revisar o modificar las decisiones de las personas defensoras de las audiencias, quienes deben atender las quejas y observaciones de los radioescuchas y televidentes. Para la especialista, el modelo debería privilegiar la autorregulación de los medios, con una supervisión gubernamental limitada y claramente definida.
El proyecto oficial establece mecanismos para que las audiencias presenten inconformidades y obliga a los concesionarios de radio y televisión a contar con un código de ética y una defensoría. El gobierno federal ha sostenido que la propuesta busca fortalecer el derecho a la información y no establecer censura sobre los contenidos.
La propuesta también omite a medios públicos y sociales
Sobre el alcance de los lineamientos, Levy afirmó que el proyecto parece concentrarse en los medios comerciales y deja en segundo plano a los medios públicos y sociales. En particular, cuestionó que no se incluyan disposiciones específicas para garantizar que los medios públicos ofrezcan información imparcial y no sesgada.
También señaló que numerosos medios sociales carecen de recursos económicos para implementar una defensoría de audiencias con las características previstas. Por ello, pidió que la regulación considere las diferencias de tamaño, capacidad financiera y naturaleza de cada tipo de concesionario.
La presidenta de Observatel expresó su confianza en que la consulta pública permita corregir los aspectos que considera problemáticos. Su propuesta es avanzar hacia una autorregulación regulada, en la que los medios asuman responsabilidades y el gobierno supervise sin convertirse en la instancia que determine el contenido o la verdad de la información.