La laicidad del Estado mexicano enfrenta nuevas presiones derivadas de la cercanía entre actores políticos y expresiones religiosas, así como de la intervención de grupos organizados en debates sobre educación, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, derechos de la población LGBT y libertad de expresión.
El debate se desarrolla en un país donde la Constitución establece que México es una República representativa, democrática, federal y laica, mientras que la legislación reconoce la libertad religiosa y prohíbe al Estado establecer preferencias o privilegios en favor de una religión.
Una diversidad religiosa que también influye en la agenda pública
El Censo de Población y Vivienda 2020 registró 97.9 millones de personas católicas y poco más de 14 millones de protestantes o cristianas evangélicas. También contabilizó 10.2 millones de personas sin religión y 3.1 millones de creyentes sin adscripción religiosa.
El mismo proceso de apertura jurídica iniciado en 1992 permitió reconocer la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas y ampliar la libertad de manifestar creencias en espacios públicos. Para abril de 2026, la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación tenía registradas 10 mil 651 asociaciones religiosas.
Esta pluralidad ha incrementado la relevancia pública de las organizaciones religiosas. Al mismo tiempo, ha abierto disputas sobre los límites entre la libertad de conciencia, la participación política y las obligaciones de las instituciones del Estado.
Símbolos religiosos y legitimidad política
Durante los últimos gobiernos federales se han observado actos oficiales con rituales indígenas, referencias religiosas y acercamientos con líderes de distintas confesiones. La recepción del bastón de mando por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de diciembre de 2018, marcó uno de los episodios más visibles de esta tendencia.
La relación con grupos evangélicos, la alianza electoral de Morena con el Partido Encuentro Social y la utilización pública de símbolos católicos durante la emergencia sanitaria por Covid-19 alimentaron la discusión sobre si las expresiones religiosas fueron utilizadas como mecanismos de legitimación política.
El debate también recupera antecedentes del gobierno de Vicente Fox, cuya asistencia a ceremonias religiosas como presidente generó críticas y contribuyó a la discusión que posteriormente derivó en la incorporación expresa del carácter laico del Estado en el artículo 40 constitucional.
De la libertad de conciencia a los conflictos jurídicos
Las nuevas disputas ya no se presentan únicamente con argumentos religiosos. En distintos casos se utiliza el lenguaje de los derechos humanos, la libertad individual y la patria potestad para intervenir en asuntos como la educación laica, los contenidos escolares y la educación sexual integral.
Uno de los principales puntos de conflicto es la objeción de conciencia del personal médico frente a servicios de salud sexual y reproductiva. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta figura deriva de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, pero que no puede ejercerse de manera absoluta ni utilizarse para negar servicios, poner en riesgo a pacientes o impedir el acceso efectivo a la atención médica.
El criterio judicial también estableció que la objeción de conciencia debe ser individual y que las instituciones de salud no pueden invocarla para evadir sus obligaciones. Además, deben existir mecanismos para informar a las personas solicitantes y canalizarlas de manera oportuna con personal no objetor.
La controversia muestra que la libertad de conciencia y otros derechos fundamentales pueden entrar en colisión. En esos casos, el Estado debe proteger la pluralidad de convicciones sin permitir que una decisión individual elimine o retrase los derechos de otras personas.
La influencia limitada de movimientos conservadores extranjeros
La expansión de movimientos político-religiosos conservadores en Estados Unidos también ha generado comparaciones con el escenario mexicano. Sin embargo, la historia constitucional del país, la diversidad religiosa y la permanencia de instituciones laicas establecen diferencias importantes.
Aunque algunas expresiones conservadoras han tenido eco en regiones del norte y en zonas fronterizas, su influencia nacional continúa siendo limitada. El crecimiento de comunidades evangélicas en el sur de México también se relaciona con procesos propios de organización comunitaria y liderazgo indígena, más que con una transferencia directa de modelos políticos estadounidenses.
México conserva una base constitucional sólida para la separación entre el Estado y las iglesias. No obstante, la presencia de símbolos religiosos en actos oficiales, la búsqueda de respaldo político entre grupos de fe y el uso de argumentos de conciencia en controversias públicas mantienen abierto el debate sobre los límites y el futuro de la laicidad.