Bruselas.— Las organizaciones criminales europeas recurren cada vez más al reclutamiento de menores para ejecutar tareas básicas y de alto riesgo, como el transporte y venta de drogas, la intimidación, los ataques violentos y la extracción de estupefacientes en contenedores portuarios.
La práctica permite a las redes reducir costos y dificultar la acción de la justicia, pues los adolescentes ocupan los niveles más bajos de las estructuras delictivas y son utilizados como una barrera entre los autores intelectuales y las actividades criminales.
El fenómeno se extiende por distintos países de la Unión Europea y alcanza mercados como el tráfico de drogas, el fraude, la delincuencia cibernética, la trata de personas y los robos. Datos recientes indican que los menores están involucrados en más de 70% de los mercados criminales identificados en Europa.
Redes sociales, dinero y promesas de pertenencia
El reclutamiento suele comenzar con ofertas de dinero rápido, la promesa de acceder a un estilo de vida lujoso o la ilusión de formar parte de un grupo con reconocimiento. Las plataformas digitales y los servicios de mensajería permiten dirigir las campañas hacia jóvenes de zonas, edades y perfiles específicos.
Intermediarios operan con múltiples cuentas y ofrecen transporte, alojamiento y logística para cumplir los encargos. En algunos casos, las tareas son presentadas como retos o juegos, mediante lenguaje codificado y contenidos que muestran la actividad criminal como atractiva o rentable.
Entre los encargos se encuentran la distribución local de drogas, el traslado de mercancía, el resguardo de estupefacientes y la recuperación de cargamentos ocultos en contenedores. También se han documentado actividades vinculadas con el robo de drogas a grupos rivales, que en algunos países representan casi 10% de los incidentes relacionados con jóvenes.
La exposición digital se suma a factores sociales como la pobreza, la falta de expectativas y la desconexión comunitaria. En la Unión Europea, alrededor de 19.5 millones de menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, aproximadamente 24% de la población de esa edad.
Víctimas y perpetradores al mismo tiempo
Los menores reclutados enfrentan daños físicos y psicológicos, además de amenazas, explotación, chantaje y posibles consecuencias judiciales. Aunque algunas redes les hacen creer que su edad los protegerá de manera automática, una detención puede derivar en la separación familiar, la pérdida de apoyos sociales y restricciones para su futuro educativo o laboral.
La respuesta exclusivamente punitiva no atiende las condiciones que facilitan el reclutamiento. La reducción de la edad de responsabilidad penal puede desplazar hacia edades más tempranas la captación de jóvenes sin resolver los factores de vulnerabilidad.
Entre las medidas de prevención se plantean programas escolares y digitales, apoyo a los servicios sociales, colaboración con las plataformas tecnológicas y acciones coordinadas para desarticular las capacidades logísticas de las bandas. En Europa ya operan iniciativas con enfoques familiar, comunitario y policial dirigidas a jóvenes de alto riesgo y a la prevención de su incorporación al crimen organizado.