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ODI acusa fallas de supervisión de la SEP tras muerte de Dafne Zapata

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas estatales de contar con mecanismos insuficientes para supervisar escuelas particulares, detectar planteles que operan sin autorización y prevenir actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La organización sostuvo que el caso evidenció posibles omisiones en la vigilancia de instituciones educativas y actividades extraescolares en las que participan menores de edad. También pidió que se investigue la responsabilidad de autoridades y particulares involucrados, así como que se garanticen medidas de reparación integral para la familia de Dafne.

La academia contaba con registro educativo estatal

De acuerdo con la ODI, la Academia Militarizada de Marina Doenitz aparece registrada ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas para prestar servicios educativos de nivel secundaria, con la clave de centro de trabajo 28PST0049L. Por ello, la organización consideró que la autoridad educativa estatal tenía la obligación de verificar que el plantel operara conforme al marco jurídico vigente.

La adolescente, de 13 años, murió en julio de 2026 durante un curso de verano organizado por la academia. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguró el inmueble e inició una investigación; posteriormente, el director del plantel fue detenido por su probable participación en el delito de feminicidio, de acuerdo con reportes del caso.

La Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de la academia y aclaró que no autoriza, supervisa ni regula instituciones educativas de modalidad militarizada. La SEP también señaló que este tipo de formación no cuenta con autorización como modelo educativo reconocido por la legislación mexicana.

ODI pide revisar la supervisión de escuelas privadas

La ODI afirmó que las autoridades educativas suelen intervenir cuando los casos adquieren notoriedad pública, en lugar de contar con mecanismos preventivos para identificar irregularidades. Entre las fallas señaladas mencionó la dificultad para detectar establecimientos que se presentan como escuelas privadas sin autorización, planteles que incumplen la normativa o instituciones que rebasan los permisos otorgados.

La organización recordó que en años anteriores la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado deficiencias en la supervisión escolar. También mencionó una resolución de 2022 que declaró responsable solidaria a la SEP y ordenó generar mecanismos efectivos para prevenir actos de violencia, así como observaciones formuladas en 2024 a la autoridad educativa federal en la Ciudad de México.

Además, pidió fortalecer la coordinación entre la SEP, las autoridades educativas locales, la Procuraduría Federal del Consumidor, las instancias de verificación administrativa y los organismos de protección civil. A su juicio, esta colaboración permitiría detectar riesgos y actuar con mayor rapidez ante posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Solicitan medidas de prevención y justicia

La ODI llamó a revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares y establecimientos que ofrecen actividades educativas, recreativas o extraescolares a menores de edad.

  • Establecer mecanismos para detectar planteles que operen sin autorización.
  • Definir medidas urgentes y cautelares ante posibles riesgos.
  • Aplicar sanciones a establecimientos que incumplan la normativa.
  • Mejorar la coordinación entre autoridades educativas y administrativas.
  • Garantizar una investigación diligente y medidas de reparación integral.

La organización sostuvo que la protección de la infancia debe mantenerse como una obligación permanente del Estado, incluso cuando los servicios sean prestados por particulares. El caso de Dafne Zapata colocó nuevamente bajo escrutinio la supervisión de instituciones que utilizan referencias militares y que mantienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes.