La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes 4 de agosto de 2026 que el Gobierno de México solicitará a Estados Unidos la entrega de bienes incautados a narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, siempre que el procedimiento se realice conforme al marco legal de ambos países.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la petición buscará que esos recursos puedan beneficiar al pueblo de México, debido a que parte del daño provocado por las actividades delictivas se habría ejercido en el país.
Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que esté en Estados Unidos vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes.
Sheinbaum señaló que la medida forma parte de la posición de su gobierno de buscar cualquier acción que resulte benéfica para la población mexicana. La solicitud dependerá de los procedimientos jurídicos y de los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos.
Aclaración sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada
Al referirse al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta aclaró que los 15 mil millones de dólares mencionados en el proceso estadounidense representan una estimación del daño atribuido al narcotraficante durante el periodo en que realizó actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Precisó que esa cifra no significa que las autoridades de Estados Unidos ya hayan identificado o localizado bienes por ese monto. Por ello, cualquier posible reclamación mexicana tendría que definirse a partir de los activos efectivamente asegurados y de las disposiciones legales aplicables.
Recursos recuperados por el caso García Luna
La mandataria también informó que recientemente fueron recuperados 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Indicó que esos recursos serán destinados a un propósito específico, aunque no detalló en la conferencia cuál será su uso final.
El planteamiento anunciado coloca la recuperación y el destino social de bienes vinculados con actividades ilícitas como un tema de cooperación jurídica entre México y Estados Unidos. El Gobierno mexicano deberá establecer los mecanismos formales para solicitar los activos y determinar su eventual aplicación.