Entrevistas ministeriales integradas a una orden de aprehensión señalan que Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, controlaba organizaciones policiales y grupos delictivos durante su administración, además de que habría ordenado destruir evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El expediente, consultado por autoridades ministeriales, atribuye estos señalamientos a testimonios de exfuncionarios, entre ellos Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien entonces se desempeñaba como visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero. Las declaraciones forman parte de la investigación por los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Testimonio sobre la destrucción de evidencias
De acuerdo con la declaración de Estrada Ortega, Aguirre Rivero habría instruido a su sobrino Ernesto Aguirre para destruir evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa. La testigo sostuvo que el entonces gobernador buscaba evitar que se conociera la presunta relación de funcionarios estatales con integrantes de la delincuencia organizada y con la operación policial desplegada durante la noche de los ataques.
La exservidora pública también afirmó que las instrucciones del exmandatario eran obedecidas por integrantes de su círculo cercano, entre ellos Iñaki Blanco Cabrera, quien fungía como procurador de justicia; Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno.
El video del Palacio de Justicia de Iguala
La declaración refiere que el 29 de septiembre de 2014 personal del área de informática del Tribunal Superior de Justicia entregó a Galeana Marín un disco con imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Según el relato, el material mostraría a policías trasladando a varios jóvenes de un autobús a otro, mientras vehículos con personas armadas escoltaban la unidad.
Estrada Ortega declaró que tomó el disco y posteriormente se lo entregó a Ángel Aguirre en una reunión celebrada esa misma noche. Según su testimonio, el exgobernador le indicó que él se encargaría del material y que pediría al entonces procurador Iñaki Blanco hacerse cargo de la información.
Días después, la exvisitadora habría sido cuestionada por Galeana Marín sobre el paradero del video. En esa conversación, según la entrevista ministerial, se le informó que otro intento por respaldar las grabaciones no había sido posible porque el equipo de registro habría sido dañado deliberadamente.
Señalamientos y situación jurídica
La carpeta de investigación también contiene una entrevista de Lambertina Galeana Marín, quien denunció la sustracción de los videos y afirmó haber recibido amenazas relacionadas con la pérdida del material. La exmagistrada ha sido señalada por su presunta participación en la desaparición de las grabaciones.
Los testimonios forman parte de una investigación penal y, por sí mismos, no constituyen una sentencia definitiva. La indagatoria busca establecer qué ocurrió con las grabaciones de seguridad y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios presuntamente involucrados en la obstrucción de la investigación del caso Ayotzinapa.