El director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, Luciano Pascoe, acusó este martes 4 de agosto de 2026 que el proyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias busca silenciar a la televisora y a algunos de sus periodistas.
A través de una publicación en la red social X, Pascoe cuestionó la presentación del tema durante la conferencia matutina del Gobierno federal y aseguró que las disposiciones tienen un destinatario específico. También sostuvo que la libertad de expresión es indispensable para la democracia y afirmó que Azteca Noticias mantendrá su postura crítica.
El periodista Juan Pablo de Leo, cuya publicación fue compartida por Pascoe, señaló que los lineamientos no representarían una regulación general para proteger a las audiencias, sino un mecanismo dirigido contra Televisión Azteca. Añadió que el periodismo debe revisar al poder, denunciar la corrupción y señalar los excesos de las autoridades.
De Leo también cuestionó que durante la conferencia matutina se retomara un video de hace más de 25 años relacionado con el periodista Sergio Sarmiento. En su opinión, esa referencia buscó desacreditar a la televisora y desviar la discusión sobre el alcance de las nuevas reglas.
El proyecto se encuentra en consulta pública
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió el 27 de julio una consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El periodo para presentar comentarios concluirá el 21 de agosto de 2026, por lo que las disposiciones todavía se encuentran en proceso de revisión.
El proyecto contempla obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, como contar con un código de ética, designar una persona defensora de las audiencias y ofrecer mecanismos para recibir quejas y sugerencias. También plantea diferenciar con claridad la información de la opinión y distinguir la publicidad de los contenidos noticiosos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, han rechazado que la propuesta implique censura. La explicación oficial sostiene que las posibles sanciones se relacionarían con obligaciones administrativas, como la falta de un código de ética o de mecanismos de atención para las audiencias, y no con el contenido específico de las noticias.
La discusión continuará durante la consulta pública, en la que podrán participar medios de comunicación, especialistas, organizaciones civiles, radioescuchas y televidentes. La controversia se centra en si las nuevas obligaciones fortalecerán el derecho de las audiencias a recibir información clara o si podrían generar presiones sobre la autonomía editorial de los medios.