La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) aportar más información y elementos probatorios sobre la presunta extorsión que habría sido cometida por funcionarios del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Durante la conferencia matutina de este martes 4 de agosto de 2026, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó que el expediente fue recibido como parte del proceso de entrega-recepción del Inai y que actualmente se revisa para determinar las acciones que correspondan.
Buenrostro señaló que, hasta ahora, la documentación entregada hace referencia a funcionarios que presuntamente habrían ejercido presión contra representantes de la Femexfut, pero no identifica a las personas involucradas ni precisa la forma en que se habría cometido la conducta.
Hacen alusión a funcionarios que los extorsionaron, pero no se señalan nombres, no se señalan formas, no nos están aportando elementos.
La secretaria agregó que la dependencia retomó los procedimientos que quedaron abiertos tras la desaparición del Inai. También explicó que se dio seguimiento a un expediente relacionado con el manejo de datos personales sensibles, debido a que los plazos legales y administrativos impedían reabrir determinadas actuaciones.
En ese contexto, Buenrostro indicó que la Federación Mexicana de Futbol podría presentar recursos y documentación adicional. Consideró conveniente que la organización entregue cualquier elemento probatorio que permita precisar los hechos y continuar con la investigación.
La presunta extorsión se relaciona con un procedimiento iniciado por el uso y manejo de datos personales de aficionados mediante el sistema Fan ID. En julio de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó una sanción de 42.8 millones de pesos contra la Femexfut por incumplimientos en materia de protección de datos personales.
Hasta el momento, la dependencia no ha señalado públicamente nombres de servidores públicos como responsables de la presunta extorsión. La investigación dependerá de la información adicional que pueda aportar la Federación y de la valoración de los elementos contenidos en el expediente.