Uno de cada tres funcionarios o exfuncionarios que buscan una candidatura de Morena y sus aliados para las gubernaturas de 2027 no cuenta con un patrimonio verificable, de acuerdo con una revisión de 111 perfiles con antecedentes en el servicio público. El análisis identificó 38 casos sin información patrimonial comprobable.
Morena informó que 277 personas se inscribieron, de manera presencial y en línea, al proceso interno para encabezar las coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional, figura que antecede a las candidaturas para renovar 17 gubernaturas el próximo año. Sin embargo, el partido no difundió la lista completa de participantes, por lo que la revisión se concentró en 120 perfiles identificados, de los cuales 111 tenían trayectoria pública verificable.
¿Qué se encontró en las declaraciones patrimoniales?
Entre los 111 aspirantes analizados, 73 tenían disponible una declaración patrimonial para consulta pública. En 24 casos no se reportaron bienes muebles o inmuebles; en 10 no fue localizada una declaración accesible y cuatro personas no aceptaron hacer pública su información patrimonial.
La revisión también ubicó antecedentes de denuncias, investigaciones o señalamientos relacionados con posibles irregularidades, corrupción, enriquecimiento ilícito y actos anticipados de campaña. En total, fueron identificados al menos 17 aspirantes que han enfrentado alguno de esos procedimientos o señalamientos, sin que ello implique por sí mismo una responsabilidad determinada.
Casos bajo escrutinio
Entre los perfiles revisados se encuentra Montserrat Caballero Jiménez, exalcaldesa de Tijuana, cuya información patrimonial no fue localizada de manera pública en la revisión. También aparece Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, relacionada con una controversia sobre la fiscalización de recursos federales del FAISMUN.
En julio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fiscalización directa de esos recursos municipales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que invalidó actuaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. La resolución sobre la competencia fiscalizadora no establece por sí misma una exoneración sobre el manejo de los recursos.
Otro de los perfiles mencionados es José María Tapia Franco, exsenador y exdirector del Fondo de Desastres Naturales, cuya última declaración patrimonial de conclusión localizada corresponde a 2016 y señala que no autorizó la publicación de sus datos patrimoniales ni de posibles conflictos de interés.
Ingresos adicionales y revisión partidista
El análisis identificó a cinco aspirantes con ingresos adicionales superiores a un millón de pesos durante un año por conceptos como arrendamientos, participación en empresas, asesorías o inversiones. Entre ellos se encuentran Carlos Alberto Puentes Salas, quien reportó ingresos anuales por arrendamiento de un millón 747 mil 722 pesos, y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, con ingresos extra por 2 millones 940 mil pesos derivados de actividades empresariales.
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisa las inscripciones y aplica filtros relacionados con nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política contra las mujeres y deudas alimentarias. Después de esa etapa, podrán pasar a las encuestas hasta seis aspirantes por estado.
La revisión consideró declaraciones patrimoniales de inicio o conclusión disponibles en plataformas de transparencia, Declaranet, la Plataforma Digital Nacional, repositorios gubernamentales y otras fuentes abiertas. Se clasificaron como vacíos patrimoniales los casos sin declaraciones accesibles, aquellos en los que no se autorizó la publicidad de los datos o los que no reportaron bienes después de una trayectoria superior a tres años en el servicio público.